No hay lugar a dudas, el Tribunal de Cuentas en su informe de fecha 30 de mayo “Declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2017” lo deja bien claro: el Sistema Público de Pensiones al cierre de 2017 está en quiebra técnica. Especialmente ilustrativos son los Apartados 3.36 y 4.93.
La situación que certifica el Tribunal de Cuentas en el informe remitido al congreso es la siguiente: “El balance de la Seguridad Social recoge, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros, localizado en las entidades gestoras y la TGSS, … cuyo origen está en sus resultados económico patrimoniales negativos del período 2010 a 2017 (99.503,2 millones)“.
En definitiva, se gasta más de lo que se ingresa y el origen del desequilibrio deriva de “las operaciones de la gestión ordinaria de esas entidades, porque los recursos de esta naturaleza (mayoritariamente cotizaciones sociales y, en menor medida, transferencias recibidas del Estado) resultaron insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen (prestaciones contributivas, fundamentalmente pensiones, y prestaciones no contributivas), provocando desequilibrios financieros, presupuestarios y de tesorería”.
El informe empeora los datos respecto del 2016 donde se indicaba que el patrimonio neto era todavía positivo, pero de tan solo 176 millones de euros. Es decir en un año el patrimonio neto habría descendido en 13.986,6 millones de euros.
Claramente para corregir los desequilibrios hay que buscar soluciones, que no pasan por prorrogar las medidas adoptadas por el Gobierno en 2017 y 2018 consistentes en “otorgar nuevos préstamos a la TGSS, por 10.192 millones y 13.830 millones de euros en cada ejercicio, respectivamente”.
Préstamos que el Tribunal de Cuentas considera que afectan negativamente al sistema ya que “no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo. Más bien al contrario, dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia”.
Las soluciones propuestas
El Tribunal de Cuentas apunta a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo como promotor de las recomendaciones de reformas necesarias “para resolver, de forma estable, dicha situación, sin olvidar, además, el saneamiento de su endeudamiento frente al Estado”.
Algunas medidas estructurales encaminadas a reducir la pensión de los jubilados ya fueron aprobadas en la Ley 23/2013, pero se encuentran todavía sin aplicar, como por ejemplo la inclusión de un factor de sostenibilidad en el cálculo del importe de las pensiones de jubilación (medida que debería haber entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2019), y la aplicación del índice de revalorización.
El factor de sostenibilidad fue aplazado antes de su entrada en vigor, y en agravación del problema se ha vuelto a ligar el crecimiento de las pensiones a la inflación, dejándose de aplicar por tanto el índice de revalorización (un factor de crecimiento generalmente menor y ligado al crecimiento de la economía y los ingresos y gastos de la Seguridad Social). Ahora la Comisión Europea advierte de que el Ejecutivo necesitará adoptar soluciones para compensar la no aplicación de las medidas aprobadas en 2013 y para poder asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo.
En definitiva, nos encontramos ante un déficit de la Seguridad Social histórico que puede acelerar la toma de decisiones en cuanto a la reforma urgente del Sistema Público de Pensiones.
¿Qué es el Tribunal de cuentas? El Tribunal de Cuentas es un órgano de control externo reconocido en la Constitución Española que se configura como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.